Cuando un gobierno legisla lo que muchos padres no saben cómo pedir en casa, vale la pena preguntarse qué es lo que realmente estamos buscando.
Hace unos meses, la noticia de la prohibición de redes sociales para menores recorrió grupos de padres en todo el mundo hispanohablante con una velocidad inusual para un tema legislativo. España avanzaba hacia restringir el acceso a plataformas digitales para menores de 16 años. Australia ya lo había hecho antes, con una ley que entró en vigor en diciembre de 2025. En los comentarios de cada artículo compartido se repetía la misma frase: «Ojalá aquí hicieran lo mismo.»
Y debajo de esa frase, casi siempre, había un padre o una madre que estaba lidiando con exactamente el problema que la ley pretende resolver, pero sin norma, sin herramientas claras y sin saber muy bien por dónde empezar.
Esa reacción es comprensible. Hay algo reconfortante en la idea de que una norma externa como la Prohibición de redes sociales para menores resuelva lo que en casa se siente como una negociación agotadora e interminable. Pero antes de depositar toda la esperanza en la legislación, vale la pena entender qué puede hacer esa ley y qué no. Y sobre todo, qué queda del problema cuando la prohibición no existe o cuando todavía no ha llegado.
Prohibición de redes sociales para menores: qué dice la ley y qué no dice
El proyecto de ley orgánica española para la protección de menores en entornos digitales fue aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2025 e inició su tramitación en las Cortes Generales, con el objetivo de elevar a 16 años la edad mínima para que un menor pueda consentir por sí solo el uso de sus datos personales en plataformas digitales. El Congreso aprobó la tramitación de la ley Prohibición de redes sociales para menores en septiembre de 2025, pero la ley aún no está en vigor.
Australia, en cambio, sí tiene vigente desde diciembre de 2025 una norma que impide a menores de 16 años crear cuentas en plataformas como Instagram, TikTok o X, con multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos para las empresas que no implementen sistemas de verificación efectivos.
Lo que esta clase de prohibición de redes sociales para menores hace es trasladar la responsabilidad del control desde los padres hacia las plataformas. Es un cambio de arquitectura, no de cultura. Significa que Instagram o TikTok deberán verificar edades de forma real, no con un formulario que cualquier adolescente de 13 años completa en 20 segundos con una fecha de nacimiento inventada. Eso tiene valor.
Pero también tiene un límite muy concreto: la ley regula el acceso a nuevas cuentas, no transforma la relación que ya existe entre un joven y su teléfono, ni cambia la manera en que un padre y un hijo hablan —o no hablan— sobre lo que ocurre en esas pantallas.
El ministro español que presentó el proyecto Prohibición de redes sociales para menores y señaló que la edad media en la que los menores tienen teléfono móvil en España es de 11 años, y que el 99% de ellos están en redes sociales. Ese dato no lo resuelve ninguna ley de forma inmediata. Lo que sí revela es la magnitud del terreno que los adultos cedieron sin darse cuenta, durante años, antes de que alguien en un gobierno decidiera que había que recuperarlo.
El problema que ninguna prohibición puede resolver sola
Cuando un padre dice «ojalá hubiera una ley», en el fondo está expresando algo distinto: quiere una razón que su hijo acepte sin discutir. La prohibición de redes sociales para menores funciona como argumento externo, como una autoridad que no es papá ni mamá y que por eso, quizás, tiene más peso en la conversación. Pero esa lógica revela algo importante sobre cómo hemos llegado hasta aquí: en muchas casas, los límites digitales se convirtieron en un campo de batalla porque nunca se construyeron desde la comprensión, sino desde la reacción. El celular apareció, el hijo lo tomó, los padres intentaron recortarlo y el conflicto ya estaba instalado.
El problema de fondo no es si existe o no una ley como la de Prohibición de redes sociales para menores. Es que la mayoría de los adolescentes de hoy crecieron en un entorno donde nadie les explicó —con profundidad, con evidencia, con tiempo— qué está diseñado para hacer ese dispositivo que tienen en el bolsillo.
No los algoritmos en abstracto, sino la experiencia concreta: por qué no pueden dejar de hacer scroll, por qué una notificación les genera una pequeña descarga de ansiedad cuando no llega, por qué comparar su vida con lo que ven en la pantalla les hace sentir que les falta algo aunque tengan todo. Esas no son fallas de carácter ni adicciones clínicas para la mayoría de ellos. Son respuestas predecibles a un entorno diseñado para producirlas.
Los padres que esperan la ley Prohibición de redes sociales para menores para tener esa conversación van a seguir esperando. Porque incluso con la ley vigente, el adolescente que ya tiene cuenta, que ya tiene su red de contactos construida ahí, que ya organiza parte de su identidad social en esa plataforma, no va a desconectarse por decreto. Va a buscar la vuelta. Y la va a encontrar, porque los adolescentes siempre encuentran la vuelta.Lo que sí está en manos de los padres hoy
Hay una diferencia entre controlar y comprender, y esa diferencia es exactamente lo que separa a los padres que logran tener conversaciones productivas con sus hijos sobre tecnología de los que terminan en un ciclo de confiscaciones, negociaciones y nuevas confiscaciones. El control sin comprensión genera resistencia. La comprensión sin estructura genera caos. Lo que funciona es algo más parecido a lo que hacemos cuando acompañamos a un hijo a aprender a manejar: le explicamos los riesgos, le enseñamos las reglas, le damos práctica progresiva y seguimos presentes mientras adquiere criterio propio.
Eso requiere que los padres entiendan primero lo que está pasando. No de forma técnica, sino desde la experiencia del adolescente: qué busca cuando abre Instagram, qué siente cuando una publicación tiene pocas interacciones, qué tipo de presión social opera en esos espacios que no existía cuando los padres de hoy tenían 15 años. Sin ese mapa, cualquier conversación sobre límites digitales se convierte en un adulto imponiendo reglas sobre algo que no entiende del todo, frente a un adolescente que siente que el adulto no lo entiende a él.
Si la prohibición de redes y el uso del teléfono son una tensión real en tu casa, vale la pena abordarlo con más información que la que circula en los titulares. Sin Rostro Propio, disponible en Hotmart, fue escrito exactamente para eso: ofrece evidencia académica en lenguaje directo sobre cómo afectan las redes sociales al desarrollo adolescente, e incluye tests y actividades para trabajar el tema en familia, sin que la conversación tenga que empezar desde el conflicto.
La pregunta que dejó la noticia de España no es si aquí deberíamos tener la misma ley. Esa es una conversación legítima para el debate público. La pregunta que le corresponde a cada familia es más concreta: mientras esa prohibición no llega, o mientras llega y no alcanza, ¿qué conversación estamos teniendo con nuestros hijos sobre lo que pasa cuando abren esa aplicación? Porque la ley puede poner un umbral de edad en la puerta de entrada. Lo que ocurre adentro sigue dependiendo de lo que los adultos hayan construido antes.
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